miércoles, 13 de abril de 2011

Avanza el plan de impunidad de la Iglesia chilena

La Iglesia chilena trabaja en una lista que presentará el 13 de julio ante las autoridades. Se prevé que los eclesiásticos pidan misericordia por el Bicentenario chileno tanto para los que cometieron delitos comunes como para los que perpetraron crímenes contra la humanidad.
Los organismos de derechos humanos no se niegan a que el mandatario indulte a quienes cometieron delitos comunes. Pero sí consideran una vulneración a la exigencia de justicia que vuelvan a las calles quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron durante la dictadura de Pinochet. “En los penales chilenos, las condiciones de reclusión son infrahumanas, pero quienes cometen crímenes contra la humanidad desde el Estado no pueden acceder a beneficios como indultos o amnistías”, dijo a Página/12 Lorena Pizarro, referente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Durante la campaña presidencial en noviembre, Piñera se reunió con unos 700 militares retirados en el Círculo Español de Santiago. El encuentro fue a puertas cerradas y sin prensa. Pero trascendió que la promesa del político derechista habría sido hacer prescribir las causas en trámite por el paso del tiempo. Táctica difícil y también reñida con la legislación internacional, que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Dentro de las mismas filas de su partido, Renovación Nacional, y de sus aliados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se viene reclamando al gobernante que sea fiel con sus compromisos. Piñera se entrevistó hace unos diez días con senadores oficialistas y abordaron esa discusión, pero no quedó firme su postura. En un encuentro más reciente, los diputados de su bancada le pidieron que estudiara caso a caso a los posibles indultados. “El gobierno pertenece al mismo sector que violó los derechos humanos”, sentencia Pizarro.
Una semana atrás, la AFDD asistió a una audiencia con el mandatario. Las dirigentes del organismo le reclamaron a Piñera que definiera su posición, que dijera si finalmente incluiría a los violadores de los derechos humanos en su indulto. El presidente se llenó la boca con palabras como misericordia y se mantuvo fiel a su estrategia de no confirmar, pero tampoco negar, dijo Pizarro.
En ese encuentro la AFDD le exigió al mandatario la renuncia de la responsable del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama. La funcionaria había reconocido haber estado en contacto con personas vinculadas con violaciones a los derechos humanos. “Lama no asegura el juicio y castigo. Que el gobierno no declare nada es una señal clara de que ellos no condenan ni ven como algo delicado esta cuestión”, se indigna Pizarro.
Según informó la prensa chilena, los funcionarios estiman que unos 209 represores cuentan con sentencia firme. Pero el centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) calcula que sólo unos cincuenta siguen en prisión, el resto completaron su pena o fallecieron. Los que todavía están tras las rejas gozan de ciertos beneficios impensados para los presos comunes, Dice Pizarro: “Están en cárceles especiales”.
Piñera está frente a una encrucijada. Respaldar a los sectores pinochetistas le acarrearía un repudio hacia el interior de Chile y también en el exterior. Mientras cae su popularidad y sube el desempleo, el presidente mantendrá silencio acerca de esta espinosa cuestión al menos por unos días más, hasta que el Episcopado le presente el 13 de julio su propuesta.
El último indulto otorgado a un represor fue durante el mandato de Ricardo Lagos. En 2005, recibió ese beneficio Manuel Contreras, condenado por el asesinato en 1982 del sindicalista Tucapel Jiménez. Los organismos de derechos humanos y la izquierda no piensan bajar los brazos frente a esta nueva posibilidad. “Si se otorgara el indulto, sería un gran dolor, un retroceso para el Nunca Más y para la demanda de Verdad y Justicia. Vamos a pelear para que esto no se materialice”, dice Pizarro.
Informe: Luciana Bertoia.
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